Artículo: Gestión académica, internacionalidad solidaria y universidad pública

Artículo del Dr. Henning Jensen Pennington, Vicerrector de Investigación, Universidad de Costa Rica. Accesible en Academia.edu. En “Gestión académica, internacionalidad solidaria y universidad pública” el Dr. Henning realiza un interesante análisis sobre la mercantilización de la educación en el contexto de economías globales, y plantea como las universidades públicas tienen diferentes opciones de actuación, siendo una de ellas el trabajo en redes en tres niveles: en el seno de cada universidad, en el nivel interuniversitario y en el ámbito internacional.

Gestión académica, internacionalidad solidaria

y universidad pública

Henning Jensen Pennington[1]

Es conocido que, desde principios del nuevo siglo, la Organización Mundial del Comercio estableció que la educación es una mercancía como cualquier otra. Según esta manera de ver, la formación universitaria ha de ser expuesta a los mismos mecanismos de liberalización o desregulación que rigen en los procesos de eliminación de barreras comerciales.

A contrapelo de esta visión, la universidad pública ha constituido, a lo largo de los tiempos, un núcleo generador de identidad nacional y, por esta razón, es considerada un importante obstáculo para las políticas que promueven la globalización de los mercados y la concomitante mercantilización de los servicios educativos.

Como resultado de las presiones que han ejercido estas políticas, el paradigma tradicional de la universidad, tal y como se encuentra articulado con gran claridad en el título I del Estatuto Orgánico de la UCR, ha venido siendo sustituido por un paradigma empresarial destinado a asegurar una maximización de la rentabilidad económica de los servicios educativos brindados por los mercados universitarios. De bien público, la educación se ha transformado en servicio público, al cual se accede por vía del consumo, no por la ciudadanía; una mutación que, como lo ha señalado García Canclini, afecta las diferentes formas de participación social.

Este modelo ha sido fomentado por las universidades privadas, pero también incumbe a las universidades públicas. En su contexto, so pretexto de que la sociedad de la información y la economía basada en el conocimiento requieren de mayor competitividad, la gestión académica es concebida en términos restrictivos de dirección administrativa, con lo cual más bien se obstruye el buen manejo de las nuevas condiciones de complejidad en que ahora deben desplegarse las funciones universitarias sustantivas.

De cara a esta visión, es preferible pensar en una gestión académica de proyectos institucionales en los ámbitos distintivos de la educación superior pública, a saber la gestión de la ciencia y la cultura y las condiciones de su desarrollo y transmisión por medio de la investigación, la docencia y la acción social, con miras a lograr un beneficio social que no se reduce al principio de rentabilidad financiera, sino que tiene en mente el desarrollo de la sociedad como resultado de la creación cultural, en la cual juegan un papel importante tanto las contribuciones de las ciencias básicas, aplicadas y de la salud, como las ciencias sociales y las humanidades, al igual que la imaginación dialéctica y la fantasía artística.

El Banco Mundial sabe muy bien que la autonomía universitaria constituye una de las más importantes barreras para impulsar e instaurar la empresarialización de la universidad, tal y como lo ha dicho expresamente en el documento titulado “Competencia en Costa Rica”, elaborado en junio del año 2009. La autonomía universitaria, un derecho que debe ser reafirmado permanentemente, no es una realidad abstracta, sino que vive solo gracias a una cultura académica que es creada y desarrollada en la vida cotidiana por los miembros de la comunidad universitaria. La socavación más profunda y duradera de este derecho no se da solo por aplicación de fuerza bruta, sino por implantación de formas de gestión que se encuentran reñidas con los fines y propósitos de la academia.

Los sectores que más sufren en el proceso de empresarialización de la universidad son el estudiantado y el cuerpo docente. El estudiantado, en la medida en que es transformado en sector de consumidores de servicios educativos. El cuerpo docente, en tanto sus miembros ingresan, en su mayoría, en la categoría de “académicos contingentes” (interinos) que cumplen primordialmente funciones específicas y limitadas de enseñanza. Esta tendencia debe revertirse para que, por un lado, las instituciones de educación superior pública puedan enriquecerse con las grandes potencialidades y capacidades reales del personal interino de contribuir al desarrollo de la cultura académica de manera integral en investigación, docencia y acción social; y para que, por otro lado, la vida universitaria pueda constituirse para todos sus miembros en un espacio pleno para el desarrollo personal y el crecimiento profesional, con el fin de aumentar, en cantidad y calidad, los aportes de la universidad a la sociedad.

En el aumento de la interinidad y de la oferta educativa en línea (la cual, bien entendida y aplicada, puede ser una magnífica oportunidad de diversificación y flexibilización de la oferta académica, ampliación de la cobertura y democratización del acceso a la educación en general), ven los opositores de la autonomía universitaria una oportunidad propicia para el debilitamiento de la educación superior pública.

La interinidad no debe ser considerada así un fenómeno accidental de las instituciones universitarias, sino resultado de un modelo de educación superior que, ya sea de manera inadvertida o premeditada, se ha venido imponiendo en la forma de actuar de estas instituciones.

Frente a la conversión de la educación en una mercancía como cualquier otra y la presión de la globalización, las universidades públicas tenemos diferentes opciones de actuación. Una de ellas es el trabajo en redes en tres niveles: en el seno de cada universidad, en el nivel interuniversitario y en el ámbito internacional.

Mucho se ha avanzado en estos temas en los últimos años, pero el compartir recursos y la movilidad de docentes y estudiantes no han dejado de ser un grosero calvario administrativo. Por otro lado, debemos intensificar un concepto y una práctica de la internacionalización que potencie alianzas académicas de beneficio recíproco, basadas en principios éticos de cooperación horizontal y reconocimiento mutuo. La internacionalidad solidaria ha sido comprendida en América Latina como una oportunidad correctiva de cara a las distorsiones de la globalización. Se trata así de complementar, en el ámbito internacional, la necesidad de consolidar los sistemas nacionales de educación superior pública y sus propias redes de cooperación.

[1] Ph. D. Vicerrector de Investigación, Universidad de Costa Rica.